“Estoy chocha, qué querés que te diga”, grita eufórica Miriam, y en principio llama la atención, porque le van a demoler la casa en la que vive desde hace décadas. Pero ella se siente orgullosa, porque eso permitirá abrir una nueva cuadra en el Cordón Ayacucho, un sector en plena transformación del barrio La Tablada que vivió acaso como ningún otro el drama de la violencia que azotó a Rosario los últimos años.
“Tengo mucho más que una casa, ahora tengo una calle”, dice divertida la mujer, de cara al sol del este y de espaldas a esa construcción ubicada en Patricias Argentinas al 4100 que está pronta a pasar a ser recuerdo, porque justo por ahí va a pasar la traza del Pasaje 417, que va a llegar hasta la avenida Ayacucho.
Miriam tiene otros motivos para festejar. A ella, como a los integrantes de otras 24 familias que viven en terrenos a liberar para la apertura del nuevo pasaje y de la calle Lola Mora entre Medici y Ayacucho, le van a dar una casa nueva que será parte de un parque habitacional ubicado a unos 300 metros de donde vive ahora. Ambas cosas –la construcción de esas casas y la habilitación de las dos calles– forman parte de la última etapa de un plan de urbanización de la zona que comenzó hace 8 años y que ahora se completará con una inversión de más de 7 mil millones de pesos que aportarán en un 80 por ciento la Nación y un 20 por ciento el municipio.
No es poco para esta mujer que su traslado sea a un predio vecino. Eso le permitirá seguir viviendo cerca del resto de su familia, sobre todo de sus nietos. Ellos, resalta, son los que más disfrutan el cambio que experimentó el barrio por dos procesos virtuosos y complementarios: la baja de los índices de violencia que en realidad abarca toda la ciudad y la mejor convivencia que generó el avance de la propia urbanización.
“Acá todo el día eran tiros y tiros, hasta tuve que hacer a la fuerza un tapial. No se podía salir a la calle. No te digo que no pasa más nada, pero los chicos ahora pueden salir a la vereda”, dice Miriam.
No todos viven la situación igual y eso lo pudo escuchar la semana pasada el intendente Pablo Javkin en una recorrida por la zona de la que Rosario3 fue testigo. Durante la misma, también se le presentaron vecinos angustiados porque aún hay zonas no intervenidas, con robos cotidianos y búnkeres de venta de droga en funcionamiento, que concentran a su alrededor episodios de violencia cotidiana y situaciones de amedrentamiento. Pero en esos reclamos aparece también una posibilidad, una esperanza: ser alcanzados por la acción urbanizadora que, como piso, mejoró el entorno que habitan sus vecinos.
Es que el contraste entre las áreas del Cordón Ayacucho convertidas ahora en un damero que quiere incorporarse a la ciudad formal y las que aún mantienen la fisonomía de los pasillos estrechos e intrincados que quedaron del asentamiento sin lógica ni planificación que comenzó hace cerca de 40 años, con la llegada de familias de migrantes del norte del país, es absolutamente notorio.
Esa realidad de dos caras, por caso, se ve con crudeza en Garibaldi y Patricias Argentinas. A lo largo de apenas decenas de metros, conviven los frentes renovados y las áreas verdes armadas por vecinos que disfrutan del sol de la mañana en las veredas flamantes, con senderos internos donde se agolpan, desordenadas, casillas precarias y relatos desesperados sobre necesidad y violencia.
Es lógica la persistencia del miedo. La historia reciente indica que el Cordón Ayacucho fue acaso el sector con mayor concentración de búnkeres de venta de droga de Rosario. Que quedó atravesado por las guerras territoriales del narcomenudeo comandadas por nombres pesados del delito como Chucky Monedita y el Clan Funes. Y eso se tradujo en un reguero de sangre y muerte: en la suma de 2022 y 2023, es decir ayer nomás, el barrio contó más de 40 homicidios, cerca del diez por ciento del total de la ciudad. “Esto era un espanto. Pura metralleta”, resume Pablo, que vio morir a su padre de un balazo en esa esquina.
Un poco de historia
La primera incursión urbanizadora en el barrio, coordinada por la Provincia y la Municipalidad, data de fines de 2013, cuando se realizó la apertura de cien metros de la calle Centeno entre Patricias Argentinas y Ayacucho. La crisis de violencia recién despuntaba después del crimen del líder de Los Monos, el Pájaro Cantero, y eso sacó a la luz la realidad que se vivía en los pasillos de las villas con los búnkeres de droga, mientras el Estado miraba para otro lado.
Lo cierto es que aquella acción abrió una puerta concreta: ese lugar, donde ahora está la plaza del barrio, era el núcleo de una trama urbana irregular y cerrada, donde no había servicios públicos básicos, ni entraban las ambulancias o la policía.
Meses después, con la puesta en marcha del Plan Abre, se profundizaron los programas para el área, siempre con la idea de que no iba a ser posible recuperar la paz social sin abordar las situaciones de pobreza estructural que afecta a los vecinos de los barrios donde se incuba la violencia.
Ese criterio fue el que llevó a incluir las obras de un plan de urbanización amplio del Cordón Ayacucho como la contraprestación que debía brindar el consorcio Dirsu –integrado por los grupos Eurnekian, Eskenazi y Pecam– tras ganar la licitación para levantar un complejo habitacional para sectores medios en el predio del exBatallón 121, proyecto que al fin está a punto de comenzar detrás del Museo del Deporte.
Más acá en el tiempo, la zona fue incorporada al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y Javkin la anotó como prioritaria entre los proyectos a financiar por el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), con la idea de completar un trabajo de años que hasta aquí abrió once cuadras con su equipamiento e infraestructura, regularizó pasillos, conectó desagües cloacales y pluviales, y llevó servicios públicos básicos a los vecinos.
Esa posibilidad pareció caerse tras la salida del gobierno de Alberto Fernández, porque Nación había firmado el año pasado el compromiso para financiar las obras pero las mismas habían quedado sin ejecutar, salvo la plaza de Patricias Argentinas y Centeno. Sin embargo, con el respaldo clave de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el intendente consiguió convencer al nuevo subsecretario de la Integración Sociourbana (Sisu), Sebastián Pareja, de la necesidad de terminar el proyecto como una acción clave para que la baja de los índices de violencia que se vivencian hoy se sostengan en el tiempo con mejoras concretas en las condiciones de vida de la población.
En el marco del “ajuste más grande de la humanidad” del que se vanagloria Javier Milei, el proyecto de urbanización de barrio La Tablada es, hasta acá, el único que financia la nueva gestión con el Fisu en todo el país. Algo que se puede analizar con la lógica del vaso medio lleno o medio vacío: es bueno que se haga, pero Rosario tiene pendientes otros proyectos igual de importantes –la Municipalidad enfoca como prioridad el de Sorrento y Cullen– que por ahora no tienen visos de ser activados.
Complejidades
Lo cierto es que las máquinas están activas en el Cordón Ayacucho y eso, para el barrio, es más que bueno. Aunque el proceso tuvo y tiene sus complejidades, que los funcionarios y operadores sociales de la Municipalidad bajo el comando del Servicio Público de la Vivienda (SPV) trabajan de manera artesanal, casa por casa, vecino por vecino, dentro de un universo de alrededor de 1.300 familias.
Una de ellas son las relocalizaciones. Desde que se abrió la primera calle, 226 familias tuvieron que dejar sus casas para liberar las nuevas trazas. En esta nueva etapa serán 25 más.
A los vecinos se les dan distintas opciones: mudarse a una casa que les entrega el Estado, trocar la propiedad con otro que no esté afectado o quiera mudarse, o en el caso de a quienes la nueva línea de edificación le produce un corte en el inmueble una compensación económica –de la que se hacen cargo Provincia y Municipalidad– y la posibilidad de ampliar superficie, por ejemplo, en altura.
Cuando se abrió una de las primeras calles, Ameghino, uno de los problemas fue que la Provincia tenía unidades habitacionales para entregar pero no en la zona. Así, por ejemplo, varios de quienes allí vivían se fueron a un complejo habitacional de Avellaneda al 4200. Otra opción era aún más lejana, barrio Olímpico, en la zona de la autopista Rosario-Santa Fe. Una trabajadora de la Municipalidad recuerda como una anécdota muy particular el viaje en colectivo de las familias afectadas por casi toda la avenida Circunvalación.
Tanto para uno como otro complejo varias familias dieron el sí, seducidas por algo que en el hacinamiento en el que se vivía en el Cordón Ayacucho era imposible tener: espacio.
Pero todo eso generó otras complejidades. Una fue la separación de grupos familiares y el desarraigo. Es el caso de los Garzón, diez hermanos que llegaron hace décadas desde Corrientes. Unos quedaron en la nueva calle Ameghino, otros se fueron a Avellaneda Oeste. Algunos de éstos últimos no se terminan de acostumbrar y después de varios años vuelven diariamente al viejo barrio y se reúnen en la casa de Sabrina.
Otra, una especie de atomización geográfica de las bandas dedicadas al narcomenudeo, fenómeno en el que confluyeron dos situaciones: la llegada a zonas nuevas de personajes vinculados al delito en La Tablada y las alianzas que establecieron en las cárceles los jefes territoriales detenidos.
Eso explica también por qué para combatir en serio la violencia es necesaria la acción simultánea y coordinada de diferentes niveles y áreas del Estado, en distintas zonas al mismo tiempo: el delito es móvil, se desplaza. Si se trabaja solo sobre uno o dos barrios, el problema no desaparece, se activa en otro territorio. Y si la problemática se aborda solo desde lo policial, vuelve apenas el control uniformado se relaja.
Urbanizaciones y delito
La magnitud de la baja en el número de homicidios en lo que va de este año en Rosario, cercana al 65 por ciento, no estaba en los cálculos ni de las propias autoridades políticas que asumieron en diciembre de 2023.
A la hora de las explicaciones, los funcionarios ponen sobre la mesa distintos ejes: una coordinación entre Nación y Provincia nunca tan aceitada tanto en el diseño de los patrullajes como en las investigaciones; el endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil que tabicó la comunicación de los jefes presos con la calle; el alineamiento del Ministerio Público de la Acusación para mejorar también la tasa de esclarecimiento de hechos.
Otros observadores como el periodista Hernán Lascano –junto con Germán de los Santos autor de “Rosario” y “Los Monos”, los dos libros que más acabadamente abordaron el fenómeno de la violencia en la ciudad– suman otras cuestiones que recogen de fuentes del sistema penal. Uno de ellos es que fueron reincorporados viejos cuadros jerárquicos de la policía, a los que el gobernador Maximiliano Pullaro conocía de su propia gestión como ministro de Seguridad, para retomar el control de la calle bajo una certeza: en una sociedad que pide droga, impedir que se vendan sustancias es imposible. Pero esa actividad ilegal se puede desarrollar con índices de violencia aceptables, como ocurre en otras ciudades –Buenos Aires, Córdoba– y otros países.
Dentro del programa de seguridad con el que desembarcó en el poder Pullaro, y que luego se fortaleció con el Plan Bandera a partir de la coordinación con Nación, La Tablada siempre estuvo entre las zonas a priorizar. La presencia de uniformados es valorada por los vecinos del Cordón Ayacucho, que reconocen que hubo un cambio en ese sentido. En su recorrida por el lugar, Rosario3 cruzó móviles policiales y de Prefectura.
La apertura de calles, que en este caso se hace con el diseño de medias manzanas para que el número de frentistas sea mayor, no solo facilita la circulación de esos móviles: lo que ocurre en ese lugar que antes eran pasillos ocultos se vuelve más visible para todos, incluso los uniformados.
“La urbanización influye decisivamente en la seguridad, porque en general el componente urbano determina las oportunidades para que se asiente el delito. Un pasillo que no tiene salida es el lugar donde el búnker se instala, porque domina todo ese territorio. Pero además, no queda expuesto a la circulación del patrullero ni a nada de lo que sucede en la vida de la ciudad. Urbanizar, modificar el territorio de los barrios violentos, es estructuralmente decisivo a la hora de combatir el delito más a largo plazo. Siempre hay un alineamiento entre las características del territorio y la penetración del delito”, analiza sobre el particular Javkin.
A su modo, es lo que le transmitió al propio intendente a una de las vecinas que se le acercó en la caminata que hizo por el lugar la semana pasada. Con lágrimas en los ojos, le pidió que hiciera con el pasillo de tierra donde está su casa en calle Garibaldi lo mismo que con los que están, por ejemplo, sobre Ameghino.
Esos viejos senderos informales fueron intervenidos con la idea de reconvertirlos en versiones de PHs, con la instalación de desagües pluviales, más redes de agua y cloacas, piso de cemento y la colocación de portones para limitar el acceso a los propios vecinos y sus invitados.
Así, de la lógica del asentamiento se busca pasar a una más parecida a la del consorcio. Algo que, según los operadores de la Municipalidad, también hace a la mejora de la convivencia ante la necesidad de establecer acuerdos para un mejor cuidado del espacio común. Según datos del Servicio Público de la Vivienda: la intervención de quince pasillos del Cordón Ayacucho ya está terminada.
Eso, que responde a pedidos de los propios vecinos y que es un fenómeno que se repite –muchas veces por acción de los propios vecinos sin intervención del Estado– en distintos sectores de la ciudad, tiene un lado B, ya abordado por Rosario3 en dos notas, una publicada en enero y otra en agosto: la restricción de un espacio que aun con su irregularidad fue público.
En La Tablada son contradicciones que conviven, mientras el proceso de integración urbana avanza. De un lado, la mujer que pide el auxilio y a la que el intendente le promete: “Ya estamos por llegar”. Del otro, Marcelo se pasea contento y muestra el papel que demuestra que ya pidió la conexión formal a la red de luz en la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
Antes y después
El cambio de fisonomía que produjo la urbanización se hace tremendamente notorio si se miran las imágenes que tomó un dron de la Municipalidad en 2017, cuando comenzaba la apertura de Ameghino, hoy la calle donde más claramente se percibe el cambio.
El antes y después promete seguir entre lo que está en ejecución como parte de la contraprestación comprometida por el consorcio Dirsu –la apertura de calle en Dr Riva y Patricias Argentinas en la llamada zona de la “U”, más la urbanización de cuatro pasillos– y lo que viene, según el acuerdo firmado semanas atrás por Nación y Municipalidad, que será en este orden: la construcción de las nuevas 25 viviendas en un predio vecino al Cordón Ayacucho, el traslado de las familias, y la apertura de Lola Mora y el Pasaje 417. A la par, se incorporarán redes de infraestructura de servicios básicos urbanos –agua, pavimento, red eléctrica y cloacas– en 17 cuadras.
Esto se complementa con otros proyectos, como la remodelación de avenida Ayacucho entre buleva Seguí y Lamadrid, proyecto en el que la Provincia invertirá 15 mil millones de pesos y cuya ejecución, según adelantaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe a Rosario3, comenzará en enero. Algo que también mejorará la integración entre el Cordón Ayacucho y el predio del exBatallón 121, donde harán la villa olímpica para los Juegos Sudamericanos Odesor 2026 y actualmente sobresale el Museo del Deporte.
Con la apertura de espacios que produjo ya el plan de urbanización del Cordón Ayacucho, la silueta de ese museo de diseño futurista, inaugurado en 2019, se ve cercana ahora desde la plaza de Patricias Argentinas y Centeno, en este barrio que quiere dejar de ser un gueto.
