El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Entre Ríos, Mauro Rodríguez, aseguró que este año autorizaron y supervisaron la ejecución de cinco cortafuegos reclamados por titulares de campos ubicados en las islas frente al Gran Rosario.
El funcionario confirmó a Rosario3 que esas acciones forman parte de la nueva gestión que priorizó una mirada “pragmática” sobre los incendios extendidos en los últimos dos años de sequía.
“El problema es que existe una superposición normativa”, planteó Rodríguez y enumeró: la ley provincial 10.479 de Áreas naturales protegidas, en 2019 se sumó la 10.671 que trazó una “reserva de usos múltiples” sobre el ejido de Victoria (hasta Villa Constitución) y sobre eso se montó una medida cautelar del juez federal 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, que prohibe la intervención del suelo del humedal sin orden judicial.
El titular del Plan del Manejo del Fuego asumió la tarea de gestionar esa burocracia que se inicia a pedido de un particular (dueño de campo, productor o puestero), que es quien paga o se hace cargo del trabajo. Debe argumentar su finalidad en un expediente, que es controlado por la Secretería de Ambiente de Entre Ríos y autorizado por la Justicia Federal de Victoria.
“Se hace con maquinaria amistosa al medio ambiente, tractor con una rastra pero no retroexcavadoras, y un equipo de brigadistas supervisa las tareas”, contó.
Siempre según la explicación del funcionario, los cortafuegos sirven también para habilitar el paso en caso de emergencia y trabajar mejor en el mapa del humedal. “Es una acción que nos interesa. Los que ya hicimos se coordinaron de forma impecable”, dijo. Aclaró que el trámite se puede iniciar por mail y de forma gratuita a: [email protected] con copia a [email protected]. El costo de la tarea corre por el peticionante.
El debate de extender los cortafuegos en el Delta surgió también en la serie de podcast que realizó Rosario3. Un productor ganadero, un investigador de la UNR y un ambientalista se refirieron a la posibilidad de generar franjas libres de pasturas secas para evitar la extensión sin límites del fuego.
No es lo deseable (como cualquier intervención agresiva sobre el ecosistema verde) pero ante una bajante del río y sequía extensa aparece como un mal menor. De hecho, es lo que hacen los brigadistas para controlar un foco desatado. “La habilitación de los cortafuegos está sujeta a consideraciones técnicas que hacen los científicos del área. Somos criteriosos para cuidar el lugar, porque siempre puede haber vivos”, consideró Rodríguez.
El abogado afirmó que este año aprobaron cinco tareas de ese tipo en campos frente a Rosario. Uno de ellos fue en el Charigüe. Lo pidió una familia con tres hijos: “Utilizar un tractor únicamente para desmalezar sin modificar el monte nativo”. Se hizo bajo inspección de una cuadrilla. Fue de 70 metros de largo y cuatro de ancho.
Al margen de la coordinación que pueda asumir el Plan de Manejo del Fuego, el pedido de los cortafuegos depende de los dueños de los campos. No es obligatorio hacerlo. Es curioso que el artículo 14º de la ley 9868 de “Manejo y Prevención del Fuego” en Entre Ríos establece: “Las plantaciones forestales deberán contar con sus correspondientes cortafuegos, caminos interiores que permitan el ingreso o control de los focos ígneos”. Pero no exige eso mismo a los ganaderos, sobre todo a los grandes que aprovechan las pasturas del humedal.
Por otro lado, fuentes consultadas por este medio indicaron que no es ni barato ni sencillo ese tipo de intervención en un humedal. El problema técnico es el acceso con maquinaria al Delta profundo. Por lo lejano, lo inaccesible que puede ser y lo barroso del suelo.
También plantea el riesgo de abrir caminos de tierra a pescadores o cazadores furtivos y multiplicar el problema que se busca combatir. En definitiva, siempre aparece como indispensable la presencia estatal en un territorio históricamente librado al accionar del más fuerte. Ya existen herramientas para eso, como por ejemplo el Piecas.
Hacer un cortafuego perimetral a un campo de dos mil hectáreas puede ascender a casi dos millones de pesos, entre el alquiler de los equipos, combustible y viáticos. Parece mucho pero Nación anunció que invierte 6.500 millones de pesos para el manejo del fuego. Al margen de los costos, el Estado puede acompañar pero quienes deben realizar los cortafuegos, cuidar sus campos y evitar incendios son los privados que explotan esos territorios, coincidieron las fuentes consultadas.
Un pedido de estudio de impacto ambiental
"Las crisis motivan en este caso la implementación de medidas novedosas no imaginadas. Cortafuegos en el corazón del humedal es un dato incontrastable de la magnitud del problema e impensado. Habla también del proceso de pampeanización de estos territorios. Concretamente apelar a este recurso como paliativo inmediato es una opción que se podría tomar como válida en la emergencia, pero con la condición sine qua non de contar con estudios de impacto ambiental serios, confiables y elaborados con criterios consensuados”, planteó Jorge Bártoli, referente de la organización ambietal El Paraná no se toca.
Sobre esos control reclamados, Bártoli recalcó que “nada de esto ocurre” y por el contrario “se trabaja «de facto». La experiencia nos demuestra que la introducción de maquinaria destinada a modificar el suelo del humedal muchas veces se termina destinando a obras nefastas tales como terraplenamientos y corte de arroyos, aprovechando la bajante”.
“Concretamente, no hay control del accionar definitivo. Esperemos que este no sea el caso, falta información pública sobre el impacto ambiental, la localización y alcance de estas obras”, agregó.
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