La Corte Suprema de Santa Fe se apresta a definir si homologa el acuerdo de acreedores de Vicentin o lo desecha habilitando a que aparezcan otros interesados en el grupo, y por eso todas las partes en puja intensifican sus presiones.
El sindicato aceitero de San Lorenzo reclamó mucho rigor a la Secretaría de Trabajo de la Nación para revisar los informes que presente Vicentin en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis, al señalar que la agroexportadora “oculta su liquidez con las deudas de sus subsidiarias”.
La empresa anunció la semana pasada su intención de acogerse a un procedimiento de crisis para disminuir los salarios y afectar las condiciones de trabajo de los trabajadores. El argumento es que la demora en la salida del concurso preventivo afectó las “reservas” que tenía para cumplir con sus obligaciones laborales.
“Vicentin asegura en el PPC que no tiene liquidez en la caja, pero los informes de la sindicatura muestran que tienen deudas por cobrar, muchas de ellas de sus propias empresas satélite”, subrayó el secretario general de la organización sindical, Daniel Succi,.
Mencionó, por ejemplo, que Renopack les debe más de $ 1.500 millones y Friar $ 600 millones. “Paguen esas deudas ustedes mismos y no molesten a los trabajadores, porque la liquidez que dicen no tener está escondida en esas deudas de sus propias empresas”, criticó el secretario gremial, Martín Morales.
Por su parte, Vicentin, presentó una denuncia penal por “estafa y extorsión” contra Mariano Grassi, propietario de Commodities S.A., y otras entidades asociadas. La acusación, radicada en la Fiscalía Regional 4 de Reconquista bajo la dirección de Juan Sebastián Marichal, sostiene que estas entidades habrían ejecutado maniobras destinadas a obstruir el acuerdo con los acreedores, con el objetivo de tomar el control de la compañía de manera irregular.
La denuncia, respaldada por el abogado Andrés Ghio, sostiene que los acusados llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas para impedir la concreción del acuerdo concursal. Entre las tácticas mencionadas se incluye la presentación de denuncias falsas y la utilización de sociedades supuestamente independientes para entorpecer el proceso judicial. Vicentin argumenta que estas acciones lograron influir en funcionarios judiciales, quienes habrían sido inducidos a error debido a la complejidad del ardid empleado.
Vicentin carga contra el grupo Grassi porque avanza en una propuesta de pago alternativa a la realizada por la empresa que la presentaría si la Corte habilita el proceso de "cram down" o salvataje. La oferta de Grassi, sostiene la firma, es mejor para los acreedores ya que no establece quitas del 80% contra los acreedores comerciales medianos y grandes como dispone la de Vicentin
